Tres colectivos denuncian la actuación policial en los actos de la Plaza Mayor
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MARISOL LÓPEZ. Los colectivos pro Tren Vía de la Plata, la Plataforma pro-Hospital de Benavente y el Colectivo Ciudadanos del Reino de León han denunciado la actuación de las fuerzas de seguridad durante la celebración de la cumbre hispano-lusa por lo que consideran «una grave vulneración» de sus derechos constitucionales.
Los tres colectivos habían solicitado permiso a la Subdelegación del Gobierno para que, durante los actos en la Plaza Mayor, «nos dejaran permanecer debajo de los soportales para elevar nuestras respectivas reivindicaciones a las autoridades políticas presentes en el evento». A la llegada, sobre las nueve y diez de la mañana, se encontraron con la sorpresa de que «no teníamos derecho a ubicarnos en el citado lugar, pese a mostrar el permiso expedido por la Subdelegación», por lo que se vieron relegados a la calle de Sagasta. Solicitaron entonces poder ocupar la parte de arriba de Balborraz, donde «no había nadie», pero la respuesta fue que «en ese lugar no se puede colocar ninguna pancarta para reivindicar nada». Minutos más tarde, ese sitio fue ocupado por el SUP (Sindicato Unificado de Policía), «que, con el beneplácito de sus compañeros profirió durante todo el acto insultos contra diversos miembros del Gobierno, actuando de una manera que roza la legalidad, mientras los colectivos marginados ni insultamos ni faltamos al respeto a nadie». También denuncian el «trato vejatorio» recibido por parte de la Policía. El lunes, acudirán a reclamar ante la Subdelegación y no descartan acciones judiciales.
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Tres colectivos sociales de Zamora presentarán el lunes una denuncia ante la Subdelegación del Gobierno porque los Cuerpos de Seguridad del Estado les impidieron manifestar sus reivindicaciones durante la celebración de la cumbre hispano-lusa.
La Plataforma pro Hospital de Benavente, el colectivo Tren Vía de la Plata y el colectivo Ciudadanos del Reino de León consideran que se vulneraron sus derechos constitucionales, ya que, aseguran, se les impidió mostrar sus pancartas e incluso acercarse a la zona de público, aunque ya no tenían ningún distintivo y a pesar de que exhibieron el permiso concedido por la Subdelegación. Afirman que se ha vulnerado su derecho a la libertad de expresión y también a la libertad ambulatoria, ya que el resto de ciudadanos sí pudo acceder a la zona del acto, algo que a ellos se les prohibió.
Lo que ocurrió, señalaron a través de un comunicado conjunto, infringe a su juicio «los convenios internacionales en materia de derechos humanos, en concreto el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, además de ir en contra de lo previsto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1998 y del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1996».
Por contra, la Asociación Autovía León-Braganza, integrada por colectivos de diversas regiones de España y Portugal, considera muy positiva la posición favorable de los dos países para la construcción de esta infraestructura y agradece a los gobiernos la inclusión del proyecto viario en la agenda, y al presidente de la Junta de Castilla y León su apoyo decidido «para una obra que precisa de la colaboración del Gobierno Central».
Además, indica, «el Gobierno portugués ya ha licitado el tramo de Braganza a la frontera española (Rionor) desde donde debe continuar por Puebla de Sanabria hacia La Bañeza».
De La Bañeza a León, recuerda, «la Consejería de Fomento ya lo incluyó en el Plan Regional de Carreteras lo que implica que en su conjunto las expectativas son muy favorables».
Representantes de los tres colectivos ciudadanos que se manifestaron durante la celebración la pasada semana de la cumbre hispanolusa han presentado un escrito de reclamación en la Subdelegación de Gobierno por la actuación policial hacia ellos, al impedirles situarse en los soportales de la Plaza Mayor para «elevar a las autoridades nuestras reivindicaciones», pese a que tenían permiso para ello.
Se trata de la Mesa por la Sanidad de Benavente, el Colectivo por la Reapertura del Tren Vía de la Plata y Ciudadanos del Reino de León, cuyos representantes explicaron ayer, tras presentar la queja en la Subdelegación, que «ha habido un grave atropello de un derecho fundamental de la Constitución».
Tal como también exponen en el escrito dirigido a la subdelegada, se ha vulnerado el artículo 20.1 de la Carta Magna, sobre la libertad de expresión, ya que los tres colectivos habían comunicado a la Subdelegación su propósito de manifestarse y habían pedido que se les dejara un lugar en los soportales, donde se permitía la presencia de público. Subrayan que no se les puso ningún inconveniente y así constaba en el documento que se les entregó en la Subdelegación del Gobierno.
Sin embargo, el día de la cumbre no se les permitió estar en los soportales, «ni con pancartas ni si ellas». Aunque presentaron el documento oficial, se les relegó a un tramo de la calle Renova donde debieron concentrarse los tres colectivos, además del que reivindica el puente internacional sobre el Duero entre Masueco (Salamanca) y Ventozelo (Potugal), apretados entre el público y sin apenas espacio para que, al menos, pudieran verse las pancartas.
Denuncian, asimismo, que se ha vulnerado el principio de igualdad, también reconocido en la Constitución, puesto que, no sólo no les permitieron estar en los soportales, sino que también se les impidió colocarse al principio de la calle Balborraz, donde trataron de situarse y donde no había nadie cuando llegaron a la Plaza Mayor, a las 9.10 horas. «Nos dijeron que ahí no se iba a permitir que estuviera nadie, ni público ni manifestantes», declara Manuel Herrero, del colectivo Ciudadanos del Reino de León.
En cambio, poco después vieron cómo si se permitió instalarse en ese lugar a representantes de los sindicatos policiales, «que hicieron más estruendo, incluso gritaron algún insulto».
A criterio de los colectivos ciudadanos esto supone trato discriminatorio, tanto que ni siquiera se les permitió ocupar ese lugar cuando los policías se marcharon.
Actitud autoritaria
Los representantes de los colectivos se quejan de la actitud autoritaria de la Policía y piden que se depuren responsabilidades; «no sabemos de quién partió la orden, pero el trato fue desigual, y ni siquiera íbamos a pedir algo para nosotros, sino que son reivindicaciones de los ciudadanos de Zamora, del Reino de León, y de las comunidades de Asturias y Extremadura», como argumenta Ramón Rodríguez del colectivo Vía de la Plata.
Los grupos están dispuestos, incluso a seguir la vía judicial para reclamar por la vulneración de sus derechos, pero antes esperan una respuesta de la representante del Gobierno en Zamora, Josefa Chicote, para ver si «la subdelegada es o no rentable, porque si no lo es, el presidente del Gobierno deberá cesarla y «suprimirla al igual que el tren Vía de la Plata», en palabras de Manuel Herrero.
En todo caso, su reclamación tiene también el propósito de que estas situaciones y la vulneración de derechos «no se vuelvan a repetir».
Colectivos ciudadanos piden «responsabilidades» a la subdelegada por impedirles manifestarse ante Zapatero
SUSANA ARIZAGA Integrantes de Ciudadanos del Reino de León, Colectivo Tren Vía de la Plata y Mesa Pro la Sanidad de Benavente exigen «explicaciones, y que depure responsabilidades», a la subdelegada del Gobierno en Zamora, Josefa Chicote, por impedírseles expresar sus reivindicaciones en la reciente visita del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Los colectivos ciudadanos, que consideran conculcados sus «derechos de expresión y de deambular libremente», están dispuesto a «denunciar en Estrasburgo» lo ocurrido el 22 de enero durante la Cumbre Hispano-Lusa. Quieren conocer «de dónde vino la orden y a qué responde esta actitud que viola el derecho de manifestación que reconoce la Constitución».
Acusan a los policías de negarles el acceso a los soportales de la Plaza Mayor, para lo que habían cursado una solicitud a la Subdelegación que consideraron concedida «por silencio administrativo». El portavoz de los colectivos, Manuel Herrero, explicó que «cuando fuimos a acceder a ese lugar no nos dejaron porque era donde mayor repercusión hubieran tenido nuestras protestas», dado que era el lugar destinado al público y donde Zapatero saludó a los zamoranos. La negativa fue rotunda aunque «llegamos con antelación e incluso nos ofrecimos a no exhibir las pancartas».
Al mismo tiempo, creen que se les ha dado un trato desigual y «discriminatorio respecto de los sindicatos policiales», a los que se permitió estar a la entrada de la calle de Balborraz, zona en la que tampoco se les permitió entrar a ellos, «cuando lo que solicitamos es para beneficiar a todos los ciudadanos y ellos piden sólo para su bienestar». Herrero indicó que de haber sabido que se les impediría mostrar sus reivindicaciones a Zapatero, «nos hubiéramos quedado en casa», mientras recuerdan que «no hubo alteración del orden» y que su conducta fue respetuosa.
Se mostraban sorprendidos porque la Subdelegación no se hubiera comunicado con ellos para advertirles que no podrían ocupar un lugar bajo los soportales de la Plaza Mayor, máxime cuando «tienen medios suficientes para ponerse en contacto con nosotros, si no lo han hecho será porque hay algo que ocultar», añadió Manuel Herrero, integrante de Ciudadanos del Reino de León.
En el escrito de protesta entregado en la Subdelegación y dirigido a Josefa Chicote relatan todo lo que aconteció la mañana del día 22 y cómo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado les impidieron ocupar el lugar, a pesar de enseñar la solicitud cursada para ello.
